Caso Lozoya en el país de los acuerdos y del NO pasa nada.

Por: Ricardo Argos.

El caso Lozoya en un país como México, en el que las instituciones que están encargadas de procurar e impartir justicia han acumulado – por acciones realizadas durante muchos años – un nivel de desconfianza muy alto entre la población, por lo que este escenario está tomando un rumbo ya conocido.

Se habla de los muchos años que ha costado a la nación mexicana el construir las instituciones fuertes que permiten un buen funcionamiento de la “res publica”, sin duda, esto en parte es cierto, han tenido que pasar largos y largos años para que México logre edificar y construir, no solo en infraestructura, sino en ideas y amplios debates acerca de lo que podría ser mejor para una nación que pretende lograr un desarrollo.

En el caso de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, han tenido un largo historial, por lo regular siempre en el camino controversial, ejemplos hay muchos, pero basta con recordar su actuar en acontecimientos históricos como los ocurridos en 1968, en 1994 y porqué no decirlo, más reciente en el periodo de Calderón donde el encargado de brindar seguridad ahora está siendo procesado en una corte de Nueva York o en el caso del poder judicial, casos donde se demuestra la corrupción de jueces federales para liberar personas ligadas al crimen.

Y con esto no habrá que confundir un aparato administrativo policial e investigador, con los tribunales o autoridades jurisdiccionales, no, debe quedar clara la separación de poderes, sin embargo, pareciera que a quienes no queda clara es a los encargados de ejercer sus funciones para que, cada uno desde su ámbito de responsabilidad, permitan al ciudadano, sentirse seguro y además de eso, que todo ciudadano sienta plena confianza en las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.

¿A que voy con todo esto? Pues el caso Lozoya parece que nos está llevando por rumbos ya conocidos, aquellos en los que se abona para que el ciudadano siga acumulando mas y mas desconfianza tanto en las fiscalías como en los tribunales.

Estos órganos con plena autonomía uno del otro, pero que no se concibe su función o existencia de uno sin el otro, suelen evadir sus responsabilidades, señalando la falta de oficio o responsabilidad en la actuación del otro, pero este tipo de argumentos no dejan satisfecho a un pueblo ávido de justicia.

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En el caso particular que nos ocupa analizar en este momento, el caso Lozoya, todo parece indicar que nos dirigimos hacia un caso más de aquellos que resultan una burla y un insulto para el pueblo de México y porque no decirlo, resulta también ofensivo y lastimoso a quién se encuentra cumpliendo una pena privativa de la libertad por haber robado por imperiosa necesidad lo necesario para sobrevivir un día o aquel que cometió un delito culposo.

Por más que se trate de justificar que el trato privilegiado que recibe Lozoya es porque este se encuentra como testigo colaborador de la fiscalía, no se puede eliminar de la mente el hecho de que incurrió, como ya él lo ha aceptado al declarar que “con relación a los hechos objeto de esta investigación, fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentado” en la realización de actos ilícitos, así estos hayan sido en complicidad con otras personas sobre quienes manifestó que,  “denunciará y señalará a los autores de los hechos”, el punto es que al parecer la fiscalía pretende dejarlo limpio y con todo lo robado, a cambio de la información que pueda dar.

Si a lo anterior le sumamos hechos como que al llegar a territorio nacional, fue trasladado a un hospital privado (de los más exclusivos del país) para ser atendido de una posible anemia, indigna aún más, sería interesante conocer el estado de salud de muchos de los indiciados en un proceso y que permanecen en prisión preventiva durante el desarrollo de su juicio, se podría analizar cuantos de ellos se encuentran delicados de salud y a cuántos se les traslada para ser atendidos a hospitales de esa categoría y costo, si bien les va, son atendidos en los servicios médicos del centro penitenciario al que se encuentren asignados.

El hecho de que la fiscalía no haya solicitado la prisión preventiva en contra del imputado es otro de esos actos que son hasta cierto punto lastimosos para una sociedad como la mexicana, cansada de observar como este tipo de personajes que abusan de su poder y que cometen actos de corrupción en perjuicio de la nación, obtienen este tipo de beneficios. Ante esto el juez determinó que Lozoya Austin únicamente utilizaría un brazalete que le permitirá trasladarse a cualquier lugar dentro del territorio mexicano y además el acudir a firmar cada 15 días al reclusorio norte. Lo cuál lo dejara con la posibilidad de salir del hospital en el momento en que sea dado de alta.

Motivos como estos son los que no nos permiten ver ese cambio del que se habla y por más que se diga en discursos que no son iguales, que las cosas no se hacen como antes, la realidad basada en los hechos parece ser otra, parece ser la misma a la que lamentablemente nos hemos acostumbrado a conocer como país, aquella que provoca cansancio y fastidio, aquella como la burla de Javier Duarte, ahora entendemos el porqué de su gran sonrisa en el momento de su detención, esa sonrisa es la que vemos los mexicanos en muchas ocasiones por ciertos actos de nuestras autoridades.

El caso Lozoya nos seguirá dando más y más motivos de análisis a lo largo del mismo proceso, seguramente se conocerán detalles de los hechos y muchos nombres de involucrados, los mismos que aumentarán ese sentimiento de fastidio y hartazgo, pero de ahí a que veamos justicia real para México y sus habitantes, permítame con todo dolor, tener mis dudas.

¡Es cuanto!

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